Si vistieron de verde son milicos malos, son TODOS MALOS!

Éste pensamiento, impregnado en la retórica de una parte muy grande de las sociedades latinoamericanas, nunca deja de sorprenderme. Estas líneas no son, ni pretenden ser, de ninguna manera una defensa a las atrocidades cometidas por las juntas militares que gobernaron América Latina entre las décadas de 1970 y 1990; pero si son una luz de alarma sobre el sentimiento de rencor que ha reemplazado la búsqueda de justicia, y la intolerancia que ahora impera en organizaciones cuyo reclamo era contra la intolerancia con que ellos habían sido tratados.

Han pasado años desde el fin de las dictaduras en Sudamérica, como resulta obvio en situaciones de escala nacional y de prolongación en el tiempo, no todos los responsables han pasado por los tribunales, pero sí gran parte de las cúpulas militares han sido juzgadas, recluidas en recintos presidiarios, o ya han fallecido. Las generaciones de militares han cambiado y las situaciones en los distintos países del cono sur varían considerablemente.

En el extremo sur-oriental del continente, Argentina presenta unas fuerzas armadas desabastecidas, en condiciones precarias y mal entrenadas, es cierto que las FF.AA. pueden no ser más necesarias en esa parte del mundo, pero las fuerzas de seguridad (Gendarmería que controla la frontera terrestre, y Prefectura que controla las 200 millas marítimas) fueron arrastradas en la vorágine de castigo social y económico que siguió a la re-democratización de los noventa. En su momento ésto era entendible (sociológicamente), la sociedad estaba haciendo una declaración respecto a que no iba a permitir la violación impune de Derechos Humanos, que no existía la “obediencia debida”, que si se había torturado se tenía que pagar el precio que la justicia obligase. Pero eso era comprensible hace 20 años… 15 años… y si me apuran hace 10, la declaración social ya quedó clara, no obstante la actitud social y gubernamental pareciese continuar, sin reparos sobre las consecuencias para el país. Se sigue luchando por ejercer un castigo que no presenta réditos para el país, sino pérdidas. El deseo de justicia, ese sentimiento que impulsó a tantas organizaciones durante los noventa, se ha convertido en rencor sin fin: mantener a las fuerzas de seguridad bajo la condena social y el desabastecimiento gubernamental, por el mero hecho de ser pseudo-militares no solo carece de principios justos, sino que también le genera un daño al país, convirtiéndolo en vulnerable respecto de la depredación de su litoral marítimo, el cual la Prefectura ya no logra controlar como debiese, y del continuo contrabando que ocurre en una frontera terrestre sumamente extensa, custodiada por gendármenes mal vestidos, mal alimentados y con equipamiento muchas veces arcaico.

El extremo sur-occidental presenta una imagen similar, pero vista desde otra perspectiva. El ejército chileno no está para nada desabastecido o carente de poder, la Constitución Nacional que aprobó el gobierno militar antes de dejar el poder, solo ha sido reformada de manera parcial, y muchos de los “enclaves autoritarios” que se habían impuesto, continúan en vigor. No obstante, las FF.AA. de Chile han hecho su esfuerzo por presentarse al país como profesionales, este esfuerzo, sumado a la puesta a disposición de los tribunales que se hizo de todos los rangos, en parte logró cosechar frutos y cambiar la perspectiva que se tenía sobre los militares. No obstante, y al igual que en Argentina, una porción (no menor) de la sociedad, continúa ejerciendo presión social, por considerar que el castigo impuesto no alcanzó a todos los implicados y que los militares salieron demasiado bien parados. Creo que dicho reclamo aún es válido, pero lo es en tanto que el objetivo del mismo sea la justicia, y no la imposición de la propia manera de pensar. El ex-Comandante en Jefe del Ejército Chileno (ya durante el período democrático), Juan Emilio Cheyre, fue designado el mes pasado como presidente del Consejo del Servicio Electoral. Ésto, como es obvio, incomodó a muchos que salieron al cruce criticando su capacidad para ejercer el cargo. Hasta ese punto la reacción era lógica y parte del sano debate democrático, pero luego la vice-presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, escribió una nota cuyo carácter que me resultó sumamente alarmante: Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre Cheyre, independientemente de su resultado judicial, tampoco fueron consideradas al ser designado comandante en jefe del Ejército“. Es decir: no me importa lo que diga la justicia, el mero hecho de haber sido acusado ya debiese de impedirle ejercer cualquier cargo militar, y ni hablar de público.

Creo que se está perdiendo el norte, me empieza a sonar a “si vistieron de verde, son malos”, y esto nos está perjudicando como países y como sociedades. La justicia no es lo que nosotros creamos que deba ser, y a menos que existan sospechas o pruebas de corrupción, no podemos tachar a una persona por haber sido acusada, y no podemos arrogarnos el derecho a ser jueces y parte. Las atrocidades cometidas deben ser investigadas y aclaradas, y los responsables deben ser juzgados, pero ese tiene que ser nuestro norte como sociedades, y no un sentimiento de rencor ni la arrogancia de creernos nosotros dueños de la verdad, porque en ese momento estaríamos compartiendo el sentimiento de quienes fueron responsables de la época más oscura de nuestra historia como países.

La memoria histórica es fundamental y permite darle el lugar que le corresponde al pasado de una sociedad,  pero una sociedad que se ve atada por el pasado no avanza. Y una sociedad que busca castigos y no justicia, no es una sociedad justa.

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Un comentario el “Si vistieron de verde son milicos malos, son TODOS MALOS!

  1. Magdalen dice:

    Muy bueno tu comentario Mariano

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