Problemas en y para Honduras

Hacia finales de la semana pasada una noticia sacudió los medios latinoamericanos, la Tercer Ola Democrática parecía haber llegado a su fin: fuerzas militares destituían a Manuel Zelaya, presidente de Honduras, enviándolo en un avión (en pijamas) a Costa Rica, al tiempo que Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, asumía la presidencia interina.

Con el conocimiento de dichos hechos (creo que solamente ellos) fue que los presidentes de América Latina reaccionaron condenando enfáticamente el golpe y reclamando el retorno de Zelaya a sus funciones. Esto al tiempo que los “golpistas” reclamaban para sí estar dando cumplimiento a una orden judicial emitida de acuerdo con la Constitución del país.

Las opiniones se dividieron rápidamente: todos los presidentes y [casi] todos los pueblos americanos (incluyendo a los Estados Unidos) y Europeos, condenaron el acto, mientras una gran proporción del pueblo hondureño lo defendía.

Mi opinión sería: cállense, sientensé y escúchense! porque las cosas estaban justificadas pero se llevaron a cabo mal.

Me explico: la Constitución de Honduras, en su artículo 239 efectivamente dice que:

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Ello implica que el referéndum que Zelaya estaba propulsando significaba justificativo suficiente (o aparentemente suficiente) para exigir el cese de sus funciones, el procedimiento correcto escapa a los fines de este análisis, lo que sí nos queda claro es que el procedimiento INcorrecto era, sin sanción previa de ninguna corte y con la participación de los militares, expulsarlo del país de la forma en que se lo hizo. Esto demostró no solo falta de maniobrabilidad política, sino desconocimiento de la historia de una región que no iba a permitir el resurgimiento de golpes de estado, especialmente aquellos perpetrados con participación de las Fuerzas Armadas.

En segundo término, los gobiernos regionales también tendrán que entender que si bien el proceso fue incorrecto, Zelaya se encontraba violando la Constitución del país y, de acuerdo con su texto, no le corresponde continuar en el cargo.

En definitiva: las cosas se hicieron mal (aunque quizás con buenas intenciones) y después nadie se tomó el tiempo de explicarse ni de escuchar explicaciones.

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