Hacia finales de la semana pasada una noticia sacudió los medios latinoamericanos, la Tercer Ola Democrática parecía haber llegado a su fin: fuerzas militares destituían a Manuel Zelaya, presidente de Honduras, enviándolo en un avión (en pijamas) a Costa Rica, al tiempo que Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, asumía la presidencia interina.

Con el conocimiento de dichos hechos (creo que solamente ellos) fue que los presidentes de América Latina reaccionaron condenando enfáticamente el golpe y reclamando el retorno de Zelaya a sus funciones. Esto al tiempo que los “golpistas” reclamaban para sí estar dando cumplimiento a una orden judicial emitida de acuerdo con la Constitución del país.

Las opiniones se dividieron rápidamente: todos los presidentes y [casi] todos los pueblos americanos (incluyendo a los Estados Unidos) y Europeos, condenaron el acto, mientras una gran proporción del pueblo hondureño lo defendía.

Mi opinión sería: cállense, sientensé y escúchense! porque las cosas estaban justificadas pero se llevaron a cabo mal.

Me explico: la Constitución de Honduras, en su artículo 239 efectivamente dice que:

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Ello implica que el referéndum que Zelaya estaba propulsando significaba justificativo suficiente (o aparentemente suficiente) para exigir el cese de sus funciones, el procedimiento correcto escapa a los fines de este análisis, lo que sí nos queda claro es que el procedimiento INcorrecto era, sin sanción previa de ninguna corte y con la participación de los militares, expulsarlo del país de la forma en que se lo hizo. Esto demostró no solo falta de maniobrabilidad política, sino desconocimiento de la historia de una región que no iba a permitir el resurgimiento de golpes de estado, especialmente aquellos perpetrados con participación de las Fuerzas Armadas.

En segundo término, los gobiernos regionales también tendrán que entender que si bien el proceso fue incorrecto, Zelaya se encontraba violando la Constitución del país y, de acuerdo con su texto, no le corresponde continuar en el cargo.

En definitiva: las cosas se hicieron mal (aunque quizás con buenas intenciones) y después nadie se tomó el tiempo de explicarse ni de escuchar explicaciones.

En la década de los sesenta, los Estados Unidos empezaron a implementar el sistema de discriminación positiva, a fin de dar cabida a la “minoría negra” en las universidades. Dicha medida, de carácter original paliativo, fue incorporándose en los distintos países como un requerimiento para la igualdad, y de hecho organismos internacionales como la UNESCO así lo defendieron.

El éxito inclusivo original de dicha herramienta (necesaria en aquel momento) ha caído en la desgracia de ser considerada una medida equitativa y de igualdad, lo cual es por definición falso: la cuota no es equitativa, es discriminatoria por principio; la idea por detrás de ella no es generar igualdades sino, a través de “discriminación positiva”, corregir injusticias sociales.

Ahora, una medida paliativa es precisamente eso, y debe ser reemplazada en el tiempo por medidas estructurales.

Si anteriormente las minorías no lograban ingresar a las universidades (y esto aquí busca ser solo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio) por ser discriminadas, actualmente no lo hacen por problemas en su educación básica o en su situación económica, y ello es lo que el Estado debe solucionar.

Si no se asegura educación básica de calidad para todos, y luego cuando un grupo (étnico, social, religioso o de cualesquiera características distintivas) no logra ingresar (no ya por ser discriminado sino por no contar con las cualificaciones académicas necesarias) y se lo incorpora forzosamente solo por contar con una couta; el resultado van en desmedro de otros estudiantes que sí contaban con las cualificaciones y de los propios estudiantes de la minoría, que se encontrarán estudiando algo para lo que quizás no hayan sido preparados.

Todo esto conducirá a una nueva discriminación académica, no ya por el color de la piel, ni por ser hombre o mujer, sino simplemente porque ser “los de la cuota”.

Hemos considerado siempre que el Capitalismo y el Libre Mercado eran dos caras de una misma moneda, que se contraponía al Comunismo/Socialismo (asimilación a meros fines ilustrativos) y que eran la bandera de los Estados Unidos (por nombrar un emblema).

Jaime Abedrapo propuso el otro día una lectura distinta: estos dos conceptos, llevados a su mayor desarrollo, no solo no van de la mano, sino que son, inclusive, incompatibles.

Explico: el fundamento del Libre Mercado es la no intervención en las transacciones (ya sea con impuestos, restricciones o regulaciones) y que los precios se ajusten por el equilibrio que otorga la oferta y la demanda; el Capitalismo, en cambio, tiene como fin no el equilibrio de mercado sino la acumulación de capital.

Visto desde esta óptica (que entiendo es una aproximación teórica a la que le falta pulir varias asperesas, pero que comienza a cobrar lógica y fuerza), se puede hacer una lectura de las relaciones internacionales y explicar, por ejemplo, que las trabas comerciales que los países desarrollados imponen a los en desarrollo dentro, inclusive, del marco de la OMC tienen sentido porque se está priorizando el Capitalismo por sobre el Libre Mercado, y que los países en desarrollo lo que tendrían que hacer es intentar fortalecer el segundo, en desmedro del primero; entendiendo, por supuesto, que ellos asuman como fin el equilibrio y no la acumulación propia.

Repetidas veces consideramos que China y los Estados Unidos son los países más contaminantes; el primero, en especial, utiliza 7 veces más energía que el segundo para producir lo mismo; mientras que éste último no desea incorporarse a los tratados internacionales que regulan la polución.

Se suelen utilizar ese tipo de datos para indicar que ellos son los verdaderos responsables del cambio climático, mientras que los países en desarrollo son los afectados, sin ser emisores de los contaminantes que producen el fenómeno.

El planteamiento, y creo que aún sin ser revelado si es develador, es que los países en desarrollo no son contaminantes en la producción de bienes (oferta) pero sí compran (demanda) los bienes producidos por países contaminantes (como China).

Esto, en definitiva, implica que se tiene cierta responsabilidad, aún sobre los productos que no son elaborados nacionalmente: sin un país “A” es ampliamente consumidos de bienes que produjeron contaminanción ambiental en otro (país “B”) para su elaboración, ese primer país “A” debe ser responsable por su “contaminación por demanda” de bienes del país “B”.

Nuestra región es un buen ejemplo de la primera Posición Frente al Trabajo; esta mirada ha afectado tanto su aparato productivo como su modalidad de inserción internacional y la forma en que los Estados se relacionaron entre ellos. A saber:

1. Respecto de la inversión y desarrollo local: la Región fue favorecida con una dotación importante de recursos naturales y condiciones climáticas óptimas (en gran parte de su extensión territorial) para el cultivo de productos agrícolas, el desarrollo agropecuario y la explotación de minerales e hidrocarburos. Estos rubros (quizás con la excepción del último) ofrecen la oportunidad de ganancias con poca inversión, limitando la producción a los recursos naturales, sin la erogación necesaria para transformarlos, incorporándoles valor, si es que los precios de estos commodities, por si solos, ya satisfacen las necesidades de una PFT de tipo 1. Así lo demuestra la reprimarización (el retorno a la exportación de productos primarios, luego de un incipiente desarrollo industrial en la década de los noventas) de las exportaciones latinoamericanas durante el boom de precios de los commodities en el siglo XXI.
2. Este patrón exportador “cómodo” de la Región, que no recurre a la incorporación de valor agregado, la ha dejado expuesta a los vaivenes internacionales de los precios de éstos productos y a las medidas proteccionistas de las grandes economías en materias agrícolas; sin herramientas de diversificación manufacturera ni peso en estos rubros como para ejercer presión.
3. Otro gran punto donde se ha hecho patente esta visión es en los procesos de integración de la Región, cuyo comienzo está en 1960 con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que nace década y media más tarde que la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pretende un proceso más profundo de entrada y, solo dos décadas más tarde, cae en desuso por no presentar los resultados esperados. Es la aplicación pura de la PFT en los procesos de integración: se buscó que estos resolvieran de manera expresa y amplia, necesidades presentes concretas; pero se dejó de lado el plan a largo plazo, la construcción de puentes perdurables y la expansión de capacidades a través de la cooperación.